La jueza federal y el Donal Trump 86d6v

Una jueza federal bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump de prohibir la inscripción de estudiantes internacionales en Harvard, tras una demanda presentada por la universidad.

El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, había anunciado la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, impidiendo que nuevos y actuales estudiantes internacionales pudieran estudiar allí.

La jueza Allison de Burroughs emitió una orden de restricción temporal, argumentando que la medida causaría un «perjuicio inmediato e irreparable» a la universidad.

Harvard, que alberga unos 6,800 estudiantes internacionales, 27% de su alumnado, denunció la acción como una «represalia» por ejercer sus derechos constitucionales, incluyendo la autonomía en su plan de estudios y políticas.

La universidad acusó al gobierno de Trump de actuar por motivos políticos, señalando publicaciones del presidente en redes sociales contra la institución.

El gobierno, por su parte, justificó su decisión alegando que Harvard no cumplió con una solicitud de documentación sobre protestas y conductas disciplinarias de estudiantes internacionales, vinculadas a supuestos casos de antisemitismo.

La disputa forma parte de un conflicto más amplio entre la istración Trump y universidades prestigiosas, acusadas de albergar «prejuicios liberales» y antisemitismo.

El gobierno ha lanzado múltiples investigaciones contra Harvard y ha congelado fondos federales, mientras promueve reformas que afectarían financieramente a las universidades.

La medida habría tenido graves consecuencias para Harvard, tanto académicas como económicas, ya que los estudiantes internacionales contribuyen significativamente a su comunidad y financiamiento.

Además, habría dejado en incertidumbre a miles de alumnos, algunos de países en conflicto, como una estudiante ucraniana que temía tener que abandonar Estados Unidos.

La respuesta de Harvard fue inmediata y contundente, respaldada por líderes educativos como Sally Cornblut del MIT, quien calificó la acción gubernamental como un ataque a la «excelencia y apertura» de las universidades estadounidenses.

La batalla legal continúa, reflejando la polarización entre el gobierno y las instituciones académicas en temas de libertad educativa, inmigración y política exterior.

Este caso subraya la tensión entre el control federal y la autonomía universitaria, con implicaciones para el futuro de la educación superior y la atracción de talento global en Estados Unidos.